domingo, 23 de julio de 2017
domingo, 16 de julio de 2017
martes, 11 de julio de 2017
Los reyes de la tierra
>>> Empresas que controlan la tierra en Uruguay
Los reyes de la tierra by Alberto Cabrera on Scribd
>>> No es posible establecer qué porcentaje de la tierra uruguaya está en manos de extranjeros.
“Se declara que los titulares del derecho de propiedad sobre
inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias sean personas físicas”
es el encabezado que figura en el sitio de Presidencia para nombrar a la
Ley 18.092, aprobada en enero de 2007. Pese a las contundentes
intenciones expresadas allí, en los hechos la ley que estableció que los
titulares de inmuebles rurales deben ser personas físicas y que las
sociedades anónimas (SA) dueñas de tierras deben tener acciones
nominativas se diluye en excepciones. Algunos de los eximentes son casi
automáticos, y en otros juega la voluntad política del gobierno de no
exigirles a las empresas transparentar su origen.
El Decreto 225/007, reglamentario de la ley, determina que están exceptuadas de estas disposiciones las AFAP, los fiduciarios de fideicomisos, los fondos de pensión y las sociedades comerciales “cuyo capital social está representado mayoritariamente por títulos al portador, que se hayan integrado mediante procedimientos de oferta pública y coticen en la Bolsa de Valores o en otras bolsas del exterior de reconocido prestigio u otros mecanismos que aseguren un procedimiento de oferta competitivo y transparente a juicio del Poder Ejecutivo”. En este último caso, la decisión de autorizar a estas SA se toma en función del proyecto de desarrollo productivo que presenten. Este deberá incorporar un plan de producción y manejo responsable y sustentable de los recursos naturales y de protección del medioambiente. Para proceder respecto de estas excepciones existe una comisión integrada por dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y dos representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
En 2017, según consta en las resoluciones del MGAP publicadas en el sitio de Presidencia, el Ejecutivo eximió a tres empresas del cumplimiento de la ley. El 22 de junio autorizó a la sociedad anónima de capitales alemanes Fort Blue SA a comprarles 3.270 hectáreas en Paysandú a las empresas Cereales del Río Negro y El Caronero SA. Fort Blue SA compró la tierra por 23 millones de dólares para arrendarla a otra sociedad anónima. El estudio Posadas, Posadas & Vecino ofició como depositario de la garantía de la transacción.
El 27 de marzo de 2017 el Ejecutivo autorizó a la empresa Telensy SA a continuar siendo exceptuada del cumplimiento de la norma. En base a información pública, no puede determinarse de qué origen son los capitales de Telensy SA, que poseía en aquel momento 6.672 hectáreas en Florida, 283 en Rocha y 684 en Lavalleja. Hay, además, una resolución del 24 de enero de 2017 que autoriza a la empresa Arroyo Daca SA a quedar exceptuada de la norma, pero no se puede acceder al documento de la resolución.
En 2016 el gobierno adoptó otras cinco resoluciones que beneficiaron a sociedades anónimas con campos en San José, Canelones, Salto, Rivera y otros departamentos que no pueden especificarse, porque no todas las resoluciones detallan los departamentos en los que están las tierras y el número de hectáreas que poseen las SA. En 2015, tres empresas fueron eximidas de los requisitos de la Ley 18.092.
Según publicó el semanario Búsqueda el 23 de marzo, con base en fuentes oficiales, desde enero de 2007 hasta diciembre de 2016 el Poder Ejecutivo dictó 90 autorizaciones a sociedades anónimas para ser propietarias de inmuebles rurales, por un total de 5,7 millones de hectáreas. Esta cantidad de hectáreas equivale a la extensión de tierras agropecuarias de los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Durazno y San José.
De todos modos, esto no significa que esa cantidad de hectáreas esté ocupada por sociedades anónimas, ya que puede haber varias autorizaciones para una misma extensión de tierra. Entre otras, las empresas beneficiadas fueron Union Agriculture Group (UAG), con 320.000 hectáreas; Stora Enso, con 308.000 hectáreas; Forestal Oriental (UPM), con 115.709 hectáreas; Aratirí, con 9.000 hectáreas; Weyerhauser, con 31.433 hectáreas; Eurofores (adquirida en 2009 por Arauco y Stora Enso), con 369.000 hectáreas; y las empresas propiedad del inversor argentino Alejandro Bulgheroni, con 28.641 hectáreas.
Decisiones
Cada resolución publicada por el MGAP cita un informe o resolución de la comisión encargada de aplicar la Ley 18.092. Sin embargo, una fuente de la comisión dijo a la diaria que no todas las autorizaciones a SA para tener tierras son publicadas como resoluciones en la web de Presidencia. En muchos casos, cuando el trámite es “normal” y se identifica el beneficiario final de la sociedad, la autorización la brinda la comisión. Los casos que requieren firma del ministro y del presidente son aquellos en los que “no se puede certificar que se cumplan las características del trámite normal” y la decisión es política en función del proyecto productivo, explicó la fuente. Por consiguiente, en este período de gobierno las autorizaciones fueron más que las 11 publicadas en la web de Presidencia, pero la comisión no tiene sistematizada la cantidad de excepciones, porque sus informes son caso a caso, aseguró la fuente.
El subdirector de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del MGAP (OPYPA), Adrián Tambler, explicó a la diaria que los pedidos de excepción sólo son considerados por la OPYPA cuando debe analizarse el proyecto productivo, y, por ese concepto, entran “por goteo”. En los casos de las empresas que cotizan en bolsa o los fideicomisos, la excepción es prácticamente automática. Tambler aseguró que las empresas que están exceptuadas de cumplir con la Ley 18.092 son “las que todo el mundo conoce: las forestales, UAG”, apuntó el jerarca.
El último censo agropecuario de 2011 estableció que 39% de la tierra de Uruguay está en manos de sociedades. Las SA poseen 24% de la superficie; las de responsabilidad limitada, 5%; las dirigidas por comanditas, 1,3%; mientras que en la categoría “otras” se ubican propietarios de 8,6% de la tierra uruguaya. Teniendo en cuenta estas cifras y las excepciones a la Ley 18.092, Tambler admitió que no es posible establecer qué porcentaje de la tierra uruguaya está en manos de extranjeros.
El Decreto 225/007, reglamentario de la ley, determina que están exceptuadas de estas disposiciones las AFAP, los fiduciarios de fideicomisos, los fondos de pensión y las sociedades comerciales “cuyo capital social está representado mayoritariamente por títulos al portador, que se hayan integrado mediante procedimientos de oferta pública y coticen en la Bolsa de Valores o en otras bolsas del exterior de reconocido prestigio u otros mecanismos que aseguren un procedimiento de oferta competitivo y transparente a juicio del Poder Ejecutivo”. En este último caso, la decisión de autorizar a estas SA se toma en función del proyecto de desarrollo productivo que presenten. Este deberá incorporar un plan de producción y manejo responsable y sustentable de los recursos naturales y de protección del medioambiente. Para proceder respecto de estas excepciones existe una comisión integrada por dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y dos representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
En 2017, según consta en las resoluciones del MGAP publicadas en el sitio de Presidencia, el Ejecutivo eximió a tres empresas del cumplimiento de la ley. El 22 de junio autorizó a la sociedad anónima de capitales alemanes Fort Blue SA a comprarles 3.270 hectáreas en Paysandú a las empresas Cereales del Río Negro y El Caronero SA. Fort Blue SA compró la tierra por 23 millones de dólares para arrendarla a otra sociedad anónima. El estudio Posadas, Posadas & Vecino ofició como depositario de la garantía de la transacción.
El 27 de marzo de 2017 el Ejecutivo autorizó a la empresa Telensy SA a continuar siendo exceptuada del cumplimiento de la norma. En base a información pública, no puede determinarse de qué origen son los capitales de Telensy SA, que poseía en aquel momento 6.672 hectáreas en Florida, 283 en Rocha y 684 en Lavalleja. Hay, además, una resolución del 24 de enero de 2017 que autoriza a la empresa Arroyo Daca SA a quedar exceptuada de la norma, pero no se puede acceder al documento de la resolución.
En 2016 el gobierno adoptó otras cinco resoluciones que beneficiaron a sociedades anónimas con campos en San José, Canelones, Salto, Rivera y otros departamentos que no pueden especificarse, porque no todas las resoluciones detallan los departamentos en los que están las tierras y el número de hectáreas que poseen las SA. En 2015, tres empresas fueron eximidas de los requisitos de la Ley 18.092.
Según publicó el semanario Búsqueda el 23 de marzo, con base en fuentes oficiales, desde enero de 2007 hasta diciembre de 2016 el Poder Ejecutivo dictó 90 autorizaciones a sociedades anónimas para ser propietarias de inmuebles rurales, por un total de 5,7 millones de hectáreas. Esta cantidad de hectáreas equivale a la extensión de tierras agropecuarias de los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Durazno y San José.
De todos modos, esto no significa que esa cantidad de hectáreas esté ocupada por sociedades anónimas, ya que puede haber varias autorizaciones para una misma extensión de tierra. Entre otras, las empresas beneficiadas fueron Union Agriculture Group (UAG), con 320.000 hectáreas; Stora Enso, con 308.000 hectáreas; Forestal Oriental (UPM), con 115.709 hectáreas; Aratirí, con 9.000 hectáreas; Weyerhauser, con 31.433 hectáreas; Eurofores (adquirida en 2009 por Arauco y Stora Enso), con 369.000 hectáreas; y las empresas propiedad del inversor argentino Alejandro Bulgheroni, con 28.641 hectáreas.
Decisiones
Cada resolución publicada por el MGAP cita un informe o resolución de la comisión encargada de aplicar la Ley 18.092. Sin embargo, una fuente de la comisión dijo a la diaria que no todas las autorizaciones a SA para tener tierras son publicadas como resoluciones en la web de Presidencia. En muchos casos, cuando el trámite es “normal” y se identifica el beneficiario final de la sociedad, la autorización la brinda la comisión. Los casos que requieren firma del ministro y del presidente son aquellos en los que “no se puede certificar que se cumplan las características del trámite normal” y la decisión es política en función del proyecto productivo, explicó la fuente. Por consiguiente, en este período de gobierno las autorizaciones fueron más que las 11 publicadas en la web de Presidencia, pero la comisión no tiene sistematizada la cantidad de excepciones, porque sus informes son caso a caso, aseguró la fuente.
El subdirector de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del MGAP (OPYPA), Adrián Tambler, explicó a la diaria que los pedidos de excepción sólo son considerados por la OPYPA cuando debe analizarse el proyecto productivo, y, por ese concepto, entran “por goteo”. En los casos de las empresas que cotizan en bolsa o los fideicomisos, la excepción es prácticamente automática. Tambler aseguró que las empresas que están exceptuadas de cumplir con la Ley 18.092 son “las que todo el mundo conoce: las forestales, UAG”, apuntó el jerarca.
El último censo agropecuario de 2011 estableció que 39% de la tierra de Uruguay está en manos de sociedades. Las SA poseen 24% de la superficie; las de responsabilidad limitada, 5%; las dirigidas por comanditas, 1,3%; mientras que en la categoría “otras” se ubican propietarios de 8,6% de la tierra uruguaya. Teniendo en cuenta estas cifras y las excepciones a la Ley 18.092, Tambler admitió que no es posible establecer qué porcentaje de la tierra uruguaya está en manos de extranjeros.
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domingo, 9 de julio de 2017
miércoles, 5 de julio de 2017
Familiares de desaparecidos condenaron los dichos de Manini Ríos
Desde la organización afirmaron que el comandante en jefe del Ejército
" sólo quiere impunidad para los suyos, mantener sus privilegios".
mar jul 4 2017 14:13
La organización Madres y Familiares de
Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitieron hoy un comunicado condenando
los recientes dichos del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini
Ríos.
El 29 de junio,
dos días después de la conmemoración de los 44 años del golpe de
Estado, el militar dijo en entrevista con el programa Quién es quién de
Diamante FM que "a la gente de Bella Unión, de Salto, de Paysandú, en
estos días, les importa un comino lo que pasó hace 44 años, les importa
lo que están viviendo hoy, las necesidades que tienen hoy".
En el comunicado, Familiares afirmó que estas
declaraciones fueron lanzadas "como una pedrada en la cara de todos" y
alientan "un discurso peligroso y engañoso, a contrapelo de los muchos
esfuerzos que desde hace años se vienen haciendo por el fortalecimiento
de las instituciones democráticas".
La organización consideró que con esas declaraciones hizo una defensa de "el más aberrante de sus privilegios: la impunidad".
La organización consideró que con esas declaraciones hizo una defensa de "el más aberrante de sus privilegios: la impunidad".
Manini Ríos también dijo que en varias oportunidades
los jefes del Ejército han reconocido los errores cometidos en el pasado
y que "si hubiera alguien dispuesto a dar el perdón en serio, y con eso
damos vuelta la página, yo estoy dispuesto a recorrer cualquier
camino".
Desde Familiares criticaron estos dichos, ya que
entienden que "los sucesivos comandantes desde el año 1985" han avalado
el discurso del golpe de Estado y "nunca demostraron arrepentimiento por
el dolor que se causó a la población ni por los crímenes cometidos, y
menos aún asumieron la responsabilidad que les cabe".
"Manini Ríos sólo habla de condicionar 'su pedir perdón' a terminar con los reclamos por Verdad y Justicia, valores pilares en una democracia", cuestionaron.
"Manini Ríos sólo habla de condicionar 'su pedir perdón' a terminar con los reclamos por Verdad y Justicia, valores pilares en una democracia", cuestionaron.
La organización acusó al militar de no estar
"dispuesto a asumir la responsabilidad que reclamamos: colaborar con la
justicia, aislar a los criminales, modificar las fuerzas armadas".
Además "no está dispuesto a cambiar su forma de interpretar el pasado
reciente. Esto no nos extraña pues no ha habido fisuras desde la
recuperación institucional. No siente ni indignación ni repudio por la
tortura aplicada sistemáticamente; por los asesinatos y secuestros; por
la desaparición forzada y por las mil y una arbitrariedades e
injusticias, en suma por el Terrorismo de Estado aplicado contra todo el
pueblo uruguayo".
El comunicado completo.
A 44 años del golpe de estado cívico-militar,
mientras desde ámbitos políticos, sociales, académicos, se llama a la
reflexión de lo vivido para generar conciencia y garantías para que
estos hechos no se repitan, el comandante en jefe del Ejército, Guido
Manini Ríos, hace nuevas declaraciones.
Lanza, como una pedrada en la cara de todos, un discurso peligroso y engañoso, a contrapelo de los muchos esfuerzos que desde hace años se vienen haciendo por el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Hace pocos días defendió sus prebendas económicas; ahora, al más aberrante de sus privilegios: la impunidad.
Nos recuerda viejos tiempos y, lamentablemente, constata que aún no han sido superados.
La falta de justicia, los años de impunidad de los crímenes cometidos por los civiles y militares golpistas, explican en parte este discurso agresivo que pretende pasar el mensaje de que a la gente le “importa un comino” vivir en dictadura o en democracia. No nos extraña porque esa ha sido la continuidad de la institución que comanda.
Como brazo ejecutor de la política de Terrorismo de Estado, las FFAA encabezadas en esos años por el dictador Gregorio Goyo Álvarez, siguen siendo cómplices hoy, bajo la conducción de Manini Ríos, de los delitos cometidos contra nuestros familiares desaparecidos. Hoy los siguen desapareciendo.
El actual comandante del Ejército continúa avalando con este discurso el golpe de estado. Así lo han hecho los sucesivos comandantes desde el año 85 sin consecuencia alguna. Nunca demostraron arrepentimiento por el dolor que se causó a la población ni por los crímenes cometidos, y menos aún asumieron la responsabilidad que les cabe.
Manini Ríos sólo habla de condicionar “su pedir perdón” a terminar con los reclamos por Verdad y Justicia, valores pilares en una democracia.
No está dispuesto a asumir la responsabilidad que reclamamos: colaborar con la justicia, aislar a los criminales, modificar las fuerzas armadas. No está dispuesto a cambiar su forma de interpretar el pasado reciente. Esto no nos extraña pues no ha habido fisuras desde la recuperación institucional. No siente ni indignación ni repudio por la tortura aplicada sistemáticamente; por los asesinatos y secuestros; por la desaparición forzada y por las mil y una arbitrariedades e injusticias, en suma por el Terrorismo de Estado aplicado contra todo el pueblo uruguayo.
El Comandante Manini Ríos sólo quiere impunidad para los suyos, mantener sus privilegios.
Y obviamente no está solo. Muchos oficiales se niegan aún hoy, en 2017, a poner una simple placa, como sucedió en el cuartel de Durazno donde el jefe del Batallón se resistió a que fuera recordado el asesinato de Oscar Fernández Mendieta en ese lugar. O como recientemente, cuando en medio de una visita ocular decretada por la justicia en el Batallón de Ingenieros Nº 4, se realizó una “parada” militar intimidatoria.
Lo que sí nos extraña y lo consideramos realmente grave, es la falta de respuesta del sistema político. Del gobierno, de los parlamentarios, de los ministros, de la justicia, de los partidos. Es llamativo que nadie de los poderes del Estado salga al cruce de semejantes aseveraciones. En el pasado el justificar algunos actos y considerarlos como “sin mucha importancia”, fue abonando el camino del Golpe de Estado. No repitamos una historia que queremos evitar.
Los poderes del Estado democrático, y principalmente el presidente de la república como comandante en jefe de las FFAA, deben asumir su responsabilidad y de una vez por todas no mirar para otro lado, y tomar las medidas que correspondan para que desde filas de las instituciones militares no se atente contra los valores democráticos.
Esto es una cuestión del presente, esto es una preocupación permanente: velar por las libertades y la república.
Eso es lo que en definitiva reclamaban las decenas de miles de personas que el pasado 20 de mayo marcharon por todo el país tras la consigna: Impunidad: responsabilidad del Estado, ayer y hoy.
Lanza, como una pedrada en la cara de todos, un discurso peligroso y engañoso, a contrapelo de los muchos esfuerzos que desde hace años se vienen haciendo por el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Hace pocos días defendió sus prebendas económicas; ahora, al más aberrante de sus privilegios: la impunidad.
Nos recuerda viejos tiempos y, lamentablemente, constata que aún no han sido superados.
La falta de justicia, los años de impunidad de los crímenes cometidos por los civiles y militares golpistas, explican en parte este discurso agresivo que pretende pasar el mensaje de que a la gente le “importa un comino” vivir en dictadura o en democracia. No nos extraña porque esa ha sido la continuidad de la institución que comanda.
Como brazo ejecutor de la política de Terrorismo de Estado, las FFAA encabezadas en esos años por el dictador Gregorio Goyo Álvarez, siguen siendo cómplices hoy, bajo la conducción de Manini Ríos, de los delitos cometidos contra nuestros familiares desaparecidos. Hoy los siguen desapareciendo.
El actual comandante del Ejército continúa avalando con este discurso el golpe de estado. Así lo han hecho los sucesivos comandantes desde el año 85 sin consecuencia alguna. Nunca demostraron arrepentimiento por el dolor que se causó a la población ni por los crímenes cometidos, y menos aún asumieron la responsabilidad que les cabe.
Manini Ríos sólo habla de condicionar “su pedir perdón” a terminar con los reclamos por Verdad y Justicia, valores pilares en una democracia.
No está dispuesto a asumir la responsabilidad que reclamamos: colaborar con la justicia, aislar a los criminales, modificar las fuerzas armadas. No está dispuesto a cambiar su forma de interpretar el pasado reciente. Esto no nos extraña pues no ha habido fisuras desde la recuperación institucional. No siente ni indignación ni repudio por la tortura aplicada sistemáticamente; por los asesinatos y secuestros; por la desaparición forzada y por las mil y una arbitrariedades e injusticias, en suma por el Terrorismo de Estado aplicado contra todo el pueblo uruguayo.
El Comandante Manini Ríos sólo quiere impunidad para los suyos, mantener sus privilegios.
Y obviamente no está solo. Muchos oficiales se niegan aún hoy, en 2017, a poner una simple placa, como sucedió en el cuartel de Durazno donde el jefe del Batallón se resistió a que fuera recordado el asesinato de Oscar Fernández Mendieta en ese lugar. O como recientemente, cuando en medio de una visita ocular decretada por la justicia en el Batallón de Ingenieros Nº 4, se realizó una “parada” militar intimidatoria.
Lo que sí nos extraña y lo consideramos realmente grave, es la falta de respuesta del sistema político. Del gobierno, de los parlamentarios, de los ministros, de la justicia, de los partidos. Es llamativo que nadie de los poderes del Estado salga al cruce de semejantes aseveraciones. En el pasado el justificar algunos actos y considerarlos como “sin mucha importancia”, fue abonando el camino del Golpe de Estado. No repitamos una historia que queremos evitar.
Los poderes del Estado democrático, y principalmente el presidente de la república como comandante en jefe de las FFAA, deben asumir su responsabilidad y de una vez por todas no mirar para otro lado, y tomar las medidas que correspondan para que desde filas de las instituciones militares no se atente contra los valores democráticos.
Esto es una cuestión del presente, esto es una preocupación permanente: velar por las libertades y la república.
Eso es lo que en definitiva reclamaban las decenas de miles de personas que el pasado 20 de mayo marcharon por todo el país tras la consigna: Impunidad: responsabilidad del Estado, ayer y hoy.
domingo, 2 de julio de 2017
Brou y Colonización
- Resolución n.º 25 - EXPEDIENTE N.° 2016-70-1-01630 REORGANIZACIÓN DE OFICINAS REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE RÍO NEGRO. EL DIRECTORIO RESUELVE (con 5 votos):-----------------------
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