jueves, 25 de mayo de 2017

Piden inconstitucionalidad para Ley de Colonización a partir de caso de Kiyú




mayo 24, 2017




La situación de un productor familiar de Kiyú que hace nueve años viene resistiéndose a ser desalojado por el Instituto Nacional de Colonización (INC), llevó a que a nivel judicial se presentara un recurso para declarar inconstitucional a la ley que rige al organismo.
La iniciativa es promovida por el Dr. Oscar López Goldaracena (foto), patrocinante de Gabriel Arrieta, colono instalado en La Guitarra (Kiyú) en un predio que hoy le reclama el INC.
“Hemos planteado la inconstitucionalidad de la Ley del INC en lo que refiere a sus potestades para rescindir los contratos unilateralemente y al mismo tiempo cuando recurre a la vía judicial en función de esa previa rescisión. Tenemos un INC que es juez y parte al mismo tiempo. Aquí se está violando el principio constitucional de igualdad y el derecho al debido proceso, por eso lo primero que pedimos al juzgado es que resuelva la inconstitucionalidad, para lo cual debe suspender el procedimiento de desalojo y remitir el expediente a la Supera Corte de Justicia”; explicó López Goldaracena.
De acuerdo al letrado, el caso “peculiar” de Arrieta trasciende lo particular y es un tema “de interés general” para todos los colonos, ya que con éste están en juegos sus garantías como tales. “Queremos que el INC no tenga prerrogativas que violen la Constitución”; aclaró.
SITUACIÓN INDEFINIDA
Desde hace nueve años, Arrieta vive con su familia en un campo de 35 hás. ubicado en la La Guitarra (Kiyú), en donde se dedica a la producción ovina y de forraje para los tamberos de la zona. Llegó ocupando como integrante de la otrora Cooperativa “12 de Mayo”. Luego de que fallara la iniciativa, en 2013 el INC resolvió que dicha fracción le sea devuelta para lo cual comenzó una negociación con el productor.
“Hace nueve años que estoy instalado con mi familia en ese campo, no veo para qué salir y traer a otro colono cuando ya hay uno. El INC me ha reconocido la calidad de tal al ofrecerme campos -que agronómicamente no servían- en otro departamento, también me he presentado a varios llamados en la zona, por eso no se entiende para qué quieren sacarme”; argumentó Arrieta.
El productor reconoció sentirse “en la indefinición total”, al punto que vive con su familia en un viejo ómnibus que colocó en el predio, ya que “hasta que no se decida mi situación no puedo construir una vivienda o hacer un encierro para animales”; acotó.
Sobre el particular, su abogado insistió que su defendido debe ser regularizado por el organismo, habida cuenta que -a su entender- podría tratarse de un caso de violación de derechos humanos.
“Esta es una persona que está en el campo desde hace cerca de 10 años. Acá se da el principio de radicación, porque la persona está explotando el campo aunque no puede proyectar una estabilidad ni siquiera a corto plazo porque es rehén de lo que defina el INC. Se tuvo que recurrir al INDDHH que en mayo emitió un dictamen contundente, por el cual frente a estos casos el Estado tiene la obligación de arbitrar mecanismos rápidos de solución; y habrá que ver si esto no indica que acá hay una violación de derechos humanos económicos y sociales”; sentenció.










jueves, 11 de mayo de 2017

Acuerdo por adjudicación de tierras entre integrantes de UTAA y el INC

Luciano Costabel (SdR)

Se llegó a un acuerdo entre los “peludos” de UTAA, que acampan frente al Palacio Legislativo desde principios de marzo, y el Instituto Nacional de Colonización (INC), por la ocupación de la unidad 49B, predio de 248 hectáreas situado a unos 30 quilómetros de la ciudad de Bella Unión. El acuerdo determina la desocupación del terreno, el abandono de la huelga de hambre y la búsqueda por parte del INC, de un módulo para la generación de sustento de las siete familias comprometidas. Pero el conflicto continúa.
A través de una reunión mediada por la Comisión de Trabajo del Parlamento, en la que participaron representantes de UTAA, el directorio de Colonización, algunos parlamentarios y Fernando Aguirre del PIT-CNT, se acordó la búsqueda de otra área con condiciones similares a la ocupada. La nueva fracción deberá tener cercanía con la ruta y contar con acceso a luz y agua para la generación de sustento por medio de la horticultura y la cría de animales. Pese al compromiso alcanzado, el predio sigue ocupado.

Rodrigo Herrero, integrante del directorio de Colonización, aseguró que se está esperando que los ocupantes entreguen la fracción y que se cumpla lo acordado. Por su parte, Ricardo Ferreira, dirigente de UTAA, afirmó que se comprometieron a levantar la medida de huelga de hambre y a hacer abandono simbólico del predio, pero que todavía no se desocupó por la aparición de nuevas condiciones en la entrega. “Querían que firmáramos un papel, allá en el instituto, con la entrega del campo, una cosa que inventaron ellos“, sostuvo. Aseguró que no había compromiso de firma alguna. Por otra parte, sostuvo que un legislador oficialista, perteneciente a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del parlamento, les planteó la posibilidad de acceder a una fracción de 460 hectáreas ubicada a más de 150km de la Colonia Eduardo Acevedo. Frente a esta posibilidad, Ferreira aseveró que es una trampa. “La renta por hectárea son 900 pesos, 460 hectáreas en un año te da 480.000 pesos que tenemos que pagar. La trampa es que te dan cosas, pero ¿cómo vos después agarrás esa brasa caliente?“.

Sobre el proceso en el que se encuentra el campo. Herrero comentó que está en una causa judicial, con el juez citando a declarar a algunos de los ocupantes. Pero que se acordó que si se entregaba el campo, “nosotros comunicamos al juzgado que ya no estaba ocupado, para así cerrar la causa“, sostuvo. La unidad ocupada fue adjudicada en 2015 a un productor de esa zona, que tiene animales en la calle y posee una inseguridad de tenencia importante. En octubre de ese año, el adjudicatario no pudo acceder a las tierras debido a que un pastoreante que tenía un contrato de un mes y medio (le permitía utilizar la tierra mientras no era adjudicada), no entregó la fracción. Frente a dicho incumplimiento, el INC inició un proceso judicial. Antes de la definitiva entrega del predio, el grupo de UTAA “Seu Pedro Bandera Lima”, ocupó.

La política del prócer

Dentro del despacho de la presidenta del INC, Jacqueline Gómez, se lee al pie de un mapa que muestra las Colonias e inmuebles del INC en Uruguay, la frase: “Que los más infelices sean los más privilegiados”, consigna artiguista en la que basan sus objetivos. El instituto se creó en 1948, posteriormente al asentamiento de sus bases en el Congreso Nacional de la Colonización, organizado por la Comisión Nacional de Fomento Rural, en 1945.

Colonización tiene como fin un reparto más equitativo de la tierra. Su objetivo se realiza mediante la compra de hectáreas a particulares; tras un proceso de selección, se adjudica. Según explicó Gómez , el proceso de adjudicación para los colonos es totalmente técnico. Los interesados deben presentar una propuesta de trabajo para una unidad específica, los recursos con los que cuentan, las características que tiene la familia y cuáles son sus ingresos. “Eso se compara entre todos los que se presentan a esa fracción, se hace un proceso de selección, y llega al directorio, previo a una entrevista en profundidad en su lugar de trabajo, o en su lugar de vivienda“, sostuvo. Entre 2015 y 2016 se hicieron 120 llamados públicos por parte del INC y solo en 2016 se adjudicaron más de 13 mil hectáreas, permitiendo a 250 familias acceder a tierras.

Consultada Gómez sobre la situación de las familias ocupantes se preguntó: “tenemos a 1500 familias que se presentaron en 2 años a los procedimientos normales del instituto, entonces: ¿por qué estas familias que nunca se presentaron pueden tener más derecho que las otras 1500?“. El departamento de Artigas representa el 13% del total de tierras que posee Colonización, con 66.584 hectáreas. Desde 2005 se compraron 4 mil 500, de las cuales más de 2 mil fueron acordadas directamente con las organizaciones de trabajadores de la zona.

En base al libro “El acceso a la tierra en cuestión: Dependencia y autonomía en la Colonia Raúl Sendic Antonaccio en Bella Unión“, se desprende que el INC posee más de 600 mil hectáreas en todo el país. Desde su creación hasta 2012, adquirió más de 400 mil, aunque solamente entre 1948-1984 compró más de 306 mil. En el período 1985-1989, sumó unas 5 mil ochocientas más. Entre 1990-1999, se adquirió una cantidad mayor a las 22 mil hectáreas y entre 2000-2004, época marcada por una fuerte crisis económica, sólo 45. Con la llegada del Frente Amplio al gobierno, el Instituto Nacional de Colonización retomó la activa política de compra de territorios, y en siete años, entre 2005-2012, sumó más de 80 mil hectáreas.

Bajo la presidencia de Jorge Batlle (2000-2004), hubo una intención, por parte del gobierno, de cerrar el INC. En ese período sólo 45 hectáreas fueron adquiridas por parte del instituto. La iniciativa contó con la resistencia de UTAA y de otras organizaciones de trabajadores de Bella Unión, ya que los cañeros, a pesar de mantener diferencias ideológicas en cuanto a la forma de distribución de tierras, entendieron el valor de la entidad estatal. Al final, la idea no prosperó.

Reforma o revolución

Rosa Luxemburgo, dirigente del Partido Socialista Alemán, a fines del siglo XIX, expresaba: “La reforma legal y la revolución no son distintos métodos de progreso histórico que puedan elegirse libremente en el mostrador de la historia (…), sino que son momentos distintos en el desarrollo de la sociedad de clases, que se condicionan y complementan entre sí“. De esta forma, no se niega el aporte del Instituto de Colonización en cuanto a reformas puntuales con el objetivo de mayor acceso. Pero en este marco, la lucha de UTAA busca la superación de un modo de producción capitalista, y no simplemente su estabilización.

No era de extrañar que para la sociedad capitalina uruguaya, dividida entre la proeza de la revolución cubana y el espanto del avance del comunismo, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas naciera quizás el 3 de septiembre de 1961, cuando se realizaba la primera asamblea de los peludos, cerca de CALPICA, una planta industrializadora de caña de azucar. En 1962, en Itacumbú, cerca del puente sobre la Ruta 3, se armó un campamento; para sorpresa del mayor de los desprevenidos sobre las circunstancias del país, en la tarde-noche del 3 de abril, cuando luego de ocupar CAINSA -otra planta azucarera- los “peludos” y Raúl “El Bebe” Sendic obligaban a “míster Henry” a pagar las deudas con los trabajadores. Sin importar el grado de ignorancia geopolítica, o la verdadera fecha exacta del nacimiento, queda claro que a principios de los 60′ se formó un grupo de trabajadores que, acostumbrados al sufrimiento y la pobreza, se lanzaron a la conquista de sus derechos.

Un mes más tarde, agobiados de rutina y explotación, los peludos decidieron marchar. El primero de mayo de 1962, 216 peludos junto a sus compañeras e hijos caminaron hasta Montevideo. llevaban un anteproyecto de ley que esbozaba las condiciones de trabajo esperadas para los peones cañeros. No prosperó en el Parlamento. Los cañeros regresaron a Bella Unión con el calor de lo ocurrido en el local de la Confederación Sindical del Uruguay (CSU). El “Bebe” propuso la ocupación de los latifundios Silva y Rosas, de más de 30 mil hectáreas, y se resolvió, por asamblea, que UTAA reclamaría al INC la expropiación de dichos latifundios. En el libro “Sendic, acción y legado”, Samuel Blixen explica que: “cuando (Raúl Sendic) propone la ocupación de Silva y Rosas, está proyectando maneras de instalar el debate sobre reforma agraria (…)” y agrega que quería generar “el impulso de un movimiento de solidaridad que pudiera revertir la división en la izquierda”.

El 11 de marzo de 1964 llegó a Montevideo la segunda marcha realizada por los cañeros, bajo la consigna “Por la tierra y con Sendic”, y quedó marcada por la confrontación con el Partido Comunista y por los choques con la policía. El 7 de mayo se generaron incidentes en las inmediaciones al Palacio Legislativo entre peludos y la policía. Resultó herida de bala una de las cañeras.

En febrero de 1965 salió la tercera marcha de unos 250 peludos. El 8 de abril el gobierno instaló las Medidas Prontas de Seguridad y limitó a 24 horas el derecho de reunión. Esta marcha y la siguiente, en 1968, evocaron a los mártires de la lucha por la tierra y la identificación del sindicato con la acción directa. La quinta y última se realizó en 1971 y es recordada como la anterior a la guerra, en referencia a la militarización de Bella Unión en 1972 y al golpe de Estado de 1973.

Casi medio siglo después de la marcha del 71′, la lucha por la tierra continúa. Ya no está el “Bebe” ni la mayoría de los peludos que, cansados de tanta injusticia, decidieron sublevarse. Tampoco hay palos en las inmediaciones del Palacio Legislativo, ni locales prendidos fuego y el fervor naciente en los 60′ ya no se siente en las calles. Sin embargo, aunque los tiempos cambian, las reivindicaciones no caducan ni se pierden con las nuevas generacionales.

Ney Thedy tiene 77 años. Forma parte del grupo que desde marzo acampa frente al Palacio Legislativo y es unos de los peludos de las emblemáticas marchas del pasado. Cuando habla, todo el que está en la vuelta presta atención. Con una voz que raspa la garganta, expresa, “Tengo entendido que la lucha por la tierra nunca termina, no se abandona ni se puede abandonar. Si se bajan los brazos nunca va a haber tierra para los pobres”. Con un ideal inamovible, Thedy se une a la lucha de sus compañeros y es uno de los integrantes que estaba en huelga de hambre, pese a que es adjudicatario de una fracción del INC. Sobre la relación con el actual gobierno, comenta que esperaban otra cosa, porque los que integran el gobierno saben cómo es la situación en Artigas. “Nosotros les dimos el voto y resulta que ahora están haciendo todo al revés”; y agrega, con cierto dejo de rencor, que “a los compañeros les metieron un cuchillo en la espalda los frenteamplistas que ahora están gobernando”.





domingo, 7 de mayo de 2017

Mujica condena propiedad privada de la tierra ante los Sin Tierra de Brasil


Brasil por la reforma agraria y por la distribución deEl expresidente uruguayo José Mujica condenó hoy la propiedad privada de la tierra en un encuentro en la ciudad brasileña de Sao Paulo organizado por el Movimiento de los Sin Tierra (MST), en el que defendió las luchas e renta.
Mujica asiste a congreso regional del PT. Foto: EFE
EFEsáb may 6 2017 16:44
"La tierra no debe ser propiedad privada, debe ser de uso del pueblo. No tenemos la tierra, la tierra nos tiene nosotros", afirmó el expresidente (2010-2015) uruguayo ante miles de participantes en la segunda edición de la Feria Nacional por la Reforma Agraria, organizada por el MST, una de las organizaciones sociales más combativas de Brasil.

Mujica, quien la víspera participó junto con el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) en una reunión del Partido de los Trabajadores (PT), destacó la lucha por la tierra como una lucha necesaria para generar igualdad de renta sin estar "sometido a la cultura de mercado" y a una agricultura de productividad, por ejemplo, que va cobrar todo más caro".

"Luchamos por el poder y por la civilización. Todo progreso humano y social está en la tierra. Tu puedes vivir con una lechuga, pero la vida no se compra", dijo Mujica ovacionado por la platea brasileña.

El expresidente uruguayo también defendió la lucha del MST en Brasil por la reforma agraria.

"Los luchadores sociales son la base de la historia, lo han sido siempre. Por eso estoy aquí y lo seguiré estando. El fracaso que tuvimos (en relación al fin de la era del PT en Brasil) será irreversible para la naturaleza, pero tenemos que crear nuevas realidades en esas condiciones y no vivir de la nostalgia", afirmó.

Según el exjefe de Estado, los latinoamericanos tienen que unirse para evitar que América Latina, la región más rica en recursos naturales del mundo, siga siendo también la región con más injusticias sociales.

"Por eso estoy aquí, porque, además de ser latinoamericano, el mundo está padeciendo de la presión del capital financiero y de las grandes empresas. Nadie nos va a dar nada gratuitamente. Sin luchas sociales no hay cambios", dijo.

Según Mujica, "la civilización moderna substituyó la tierra por la ganancia del mercado, que lo ha prostituido todo". "Van a hipotecar la cultura de la cocina porque las personas no tienen más tiempo, porque el mercado se robó el tiempo de la vida", dijo el líder socialista en el marco de una conferencia dedicada a la "Alimentación saludable como derecho de todos y todas".

El expresidente también criticó las grandes empresas agrícolas por insistir en una política lucrativa de mercado.

"No es mala la ciencia, es malo el uso de la ciencia no para servir a la vida sino para servir al mercado. Este es lo problema", subrayó ante militantes y visitantes de la Feria, que también reúne a productores brasileños de alimentos orgánicos.

Y continuó: "¿Cómo no voy a defender la agricultura campesina? Soy campesino de alma y voy a morir pidiendo por la tierra".

Mujica fue el último conferenciante en un seminario en el que también participaron el exministro brasileño de Salud Alexandre Padilha (PT), la chef Bela Gil, los actores brasileños Leticia Sabatella y Sérgio Manberti, y el economista João Pedro Stedile, principal líder del MST.

La feria, que se extiende hasta el domingo en el Parque Água Branca, en la zona oeste de Sao Paulo, expone productos orgánicos procedentes de los asentamientos de la reforma agraria.



martes, 2 de mayo de 2017

Un “impresentable” Luis Almagro recibe premio de Freedom House, una ONG de la CIA



Álvaro Verzi Rangel


29/04/2017
Opinión
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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no tuvo ninguna vergüenza al recibir este jueves el premio “Libertad” de manos del Freedom House, (FH) una organización no gubernamental digitada por la central estadounidense de inteligencia CIA, que continúa asesorando y financiando a la derecha latinoamericana en estrategias de guerra sicológica.

En su papel de “neutral” secretario de la OEA, Almagro prometió llevar el premio otorgado por su “defensa de la democracia” a “mis amigos”, los dirigentes opositores –hoy presos por la comisión de varios delitos- Leopoldo López y Antonio Ledesma cuando haya una Venezuela “con democracia y derechos humanos”.

Al terminar su discurso en Washington, el “impresentable” excanciller uruguayo sostuvo una gran bandera de Venezuela junto a la esposa de Ledezma, Mitzy Capriles; su hija Daniela Ledezma, la hermana de Leopoldo López, Diana, y el exiliado dirigente de Voluntad Popular Carlos Vecchio. A la fotografía se sumaron otros premiados de la noche, como el actor Richard Gere y la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi.

Nadie duda que Freedom House (FH) sea una organización no gubernamental digitada por la CIA (ni siquiera Wikipedia), con técnicas de operación nada originales, que ya fueron aplicadas primero en Panamá, Nicaragua y El Salvador, y luego en Venezuela, Bolivia y Ecuador. FH recibe la mayor parte, aproximadamente un 80 % de su financiación del gobierno de los Estados Unidos, por medio de la USAID, y el Departamento de Estado.

También recibe financiación de las fundaciones Bradley, Smith Richardson, Nicholas B. Ottaway, John D. and Catherine T. MacArthur, John S. and James L. Knight, John Hurford ; del gobierno holandés y una lista de otros 12 “donantes”.

En el 2001 los ingresos de la Freedom House fueron de 11 millones de dólares, que se incrementaron a 26 millones en el 2006. Gran parte del crecimiento se debió a que del 2004 al 2005 el presupuesto del gobierno estadounidense a la FH aumentó de 12 a 20 millones de dólares. La financiación federal disminuyó a 10 millones en el 2007, pero aun así representaba 80 % del presupuesto.

La preponderancia de la financiación del gobierno federal estadounidense está considerada como “inusual, especialmente cuando la organización está involucrada en señalar y monitorizar los derechos humanos, la democracia y la libertad en el mundo, basándose en el principio de garantizar la independencia y una financiación creíble de los gobiernos”, según eñala Diego Giannonea en “Political and ideological aspects in the measurement of democracy: the Freedom House case”.

En 2016 arrecia la presencia y protagonismo de FH en Venezuela a través de una sala situacional, integrada por ciudadanos venezolanos asalariados, que monitorea la situación interna. Analizan los hechos de violencia y aquellas conductas antisociales susceptibles de ser presentadas como focos de rebeldía política. Utilizando las capacidades y rapidez de las redes sociales, alientan sucesos de esta naturaleza que calienten las calles y compliquen la delicada situación que vive el país.

Uno de los principales caballitos de batalla es el panegirismo sobre las figuras del preso Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori (en una ofensiva mediática permanente). Pero Washington tiene poca confianza en que por las vías institucionales puedan para hacer colapsar al gobierno de Maduro, sobre todo cuando el último informe de FH da cuenta de la fractura persistente dentro de lo que se llama la “unidad” opositora.

De ahí que en paralelo, siguen apostando a fracturar el orden constitucional con acciones violentas, que en apariencia nazcan de la voluntad popular. El espectáculo que han armado las instituciones de la derecha regional, CIDH, OEA, y el gobierno de EE.UU. con su proclama injerencista contra Venezuela, está dirigido a dar el respaldo mediático y político a eventuales acciones de esta naturaleza que justifique la injerencia extranjera en los asuntos internos venezolanos. La “buena conducta” de Almagro le valió el premio de 2017.

Un poco de historia

En 1982 los observadores de Freedom House encontraron «admirables» las elecciones del régimen cliente de El Salvador, aun cuando existen numerosas evidencias de la violación de los derechos humanos en ese país durante ese período. Entonces, cuando la administración de Ronald Reagan tenía problemas para contener las informaciones de los medios sobre asesinatos de civiles por parte del ejército salvadoreño, la FH denunció el «desequilibrio» de las informaciones sobre El Salvador, para proteger al gobierno de las críticas por su apoyo al régimen salvadoreño.

Además tomó parte en la campaña en favor del partido de extrema derecha ARENA, que participó en la liga anticomunista y tiene responsabilidades claras en masacres en El Salvador y en el asesinato del obispo Óscar Arnulfo Romero.

Otro perlita: el año pasado, Héctor Magnetto, director ejecutivo del monopólico Grupo Clarín de Argentina, recibió el premio a la “Libertad de Expresión” que otorga FH, que destacó el rol que tuvieron Magnetto y Clarín en la defensa de la libertad de prensa durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

FH «coopera» en diseñar la guerra sucia y de desinformación sobre un país, campaña para la cual cuenta con el apoyo de los cartelizados medios de comunicación comerciales, endógenos y extranjeros. Para desarrollar la estrategia han creado una sala situacional, que maneja los distintos escenarios y propone «soluciones y acciones» para cada alternativa. En Venezuela actúa bajo la fachada de la trasnacional Procter and Gamble, en el sector de La Trinidad, en el suburbano caraqueño.

La chilena Viviana Giacaman, directora hasta 2014 de los programas para América latina de FH, aparece ahora como fundadora y experta de la ONG chilena Hay Mujeres, desde la cual abogada por la igualdad de género y por erradicar el machismo. Utiliza este nuevo perfil de propuestas positivas, para insistir con otras muy distantes de serlo. Según su perfil en la red social de “profesionales” Linkedin, Giacaman desde marzo de 2015, labora como profesora de la escuela de Ciencias Políticas de la Universidad chilena Diego Portales, y desde mayo de 2014 es la jefa de la unidad de contenidos del ministerio de la Secretaria General de la Presidencia.

Basta recordar que las guarimbas venezolanas organizadas por Leopoldo López, a las que financió y apoyó desde FH, no fueron nada pacíficas: provocaron violencia y muerte de más de cuatro decenas de personas inocentes en 2014 y que la violencia promovida por la oposición en las últimas semanas ya causaron dos decenas de muertos. Su accionar y defensa a ultranza del opositor encarcelado por tales hechos, contradice su “nuevo” espíritu pacifista. No caben dudas de que Venezuela sigue siendo la obsesión de Giacaman y sus financistas.

El mismo 6 de diciembre de 2015, cuando en Venezuela se celebraban las elecciones parlamentarias, Giacaman envió mensajes de respaldo a la oposición con la que tanto ha colaborado desde la FH. Al propio tiempo arremetió contra el gobierno bolivariano al que llamó dictadura vestida de democracia (ver tuits del 6/12/15).

El informe de FH (Libertad en el mundo) de diciembre de 2015 señala que “divisiones dentro de la oposición se profundizaron desde principios de 2014. La facción moderada liderada por Henrique Capriles alentó en gran medida una ruta de no confrontación, electoral, para el cambio político, mientras que el grupo encabezado por López y María Corina Machado propugnaron el uso de las protestas populares para lograr los objetivos que van desde los grandes cambios de política a la renuncia de Maduro”. Lo que no dice es que ambos grupos fueron apoyados, estimulados y financiados por FH y el gobierno de EE.UU.

Giacaman exige con ahinco la libertad de Leopoldo López, y se mostró muy satisfecha cuando la Corte Suprema de Chile acogió un recurso a favor de los opositores venezolanos (ver tweet del 19/11/2015), o cuando al expresidente del gobierno español Felipe Gonzalez se le ocurrió decir que el Chile del sanguinario dictador Augusto Pinochet respetaba los derechos humanos más que Maduro (tweet del 18/09/2015). ¡increible!

Nadie duda que el esquema subversivo de FH contra Venezuela es financiado por el gobierno de EE.UU., específicamente por la USAID, que utiliza diversas vías para asignar el dinero, entre otras, la embajada estadounidense en Caracas.

En septiembre de 2012, medios de prensa denunciaban que Freedom House, continuaba asesorando y financiando a la oposición venezolana en estrategias de guerra sicológica, con el único de fin de derrocar el gobierno constitucional, entonces de Hugo Chávez.

En el perfil del actual director de FH para la región, Carlos Ponce, si aparece este cargo. No es ocioso decir que la cuenta de Ponce en twitter, @ceponces, es seguida y monitoreada por Giacaman. Anteriormente trabajó como Coordinador General de la Red de América Latina y el Caribe para la Democracia, otra de las ONG financiadas por el gobierno estadounidense.

Ponce cuenta con un grado de Maestría en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de Vermont y una Maestría en Política y Planificación Ambiental de la Universidad de Tufts. Fue profesor de la Universidad Central de Venezuela entre septiembre de 1997 y julio de 2003 y de la Católica Andrés Bello entre 1995 y 1996, además de haber trabajado como asesor de la entonces privatizada Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV) entre 1998 y 2001.

Desde Washington

Freedom House tiene su think tank en Washington DC y oficinas en una docena de países. Fue fundada en 1941 (más de 70 años atrás) por Wendell Willkie, Eleanor Roosevelt (esposa del entonces presidente Franklin Delano), George Field, Dorothy Thompson, Hebert Bayard Swope, entre otros. Después de la guerra, ajustó sus actividades hacia la lucha en contra del comunismo, uniéndose al aparato de inteligencia y desestabilización de Washington durante la Guerra Fría.

En los años 1970, FH entregaba recursos a medios que repetían la agenda política e ideológica de Washington, como Radio Free Europe/Radio Liberty, y en los 1980 estuvo involucrada en la guerra psicológica que desarrollaba Washington y sus aliados en Centroamérica junto a la recién creada National Endowment for Democracy (NED).

Freedom House se convirtió en una de las piezas claves de los golpes «suaves» en Europa Oriental y el Cáucaso, participando activamente en el financiamiento y la promoción  internacional de las organizaciones involucradas junto a la NED, la USAID, el Open Society Institute y el Project for Transitional Democracy. Cada año publica un informe -El Estado del Mundo-, que divide todos los países en tres categorías: países libres, parcialmente libres o dictaduras, una división totalmente acorde a los intereses de Washington.

En 2005 Freedom House comenzó a trabajar en Venezuela con financiamiento de la USAID para asesorar y financiar a varios grupos, surgentes ONGs y proyectos de la oposición. En  2008, aumentó en 90% sus recursos hacia las organizaciones de la llamada «sociedad civil» en América Latina en comparación con las cifras entregadas en 2006, y Cuba y Bolivia fueron los países hacia donde se dirigió principalmente este incremento, reservando un  millón de dólares para la oposición venezolana.

Numerosos personalidades del sector neoconservador estadounidense han sido o son miembros de la Junta directiva de Freedom House, como  Morton Abramowitz (miembro del CFR y miembro de las Juntas Directivas del International Crisis Group y la NED), Zbigniew Brzezinski (miembro del CFR, la Comisión Trilateral y el Grupo Bilderberg), Samuel Huntington (inventor de la teoría imperialista del «choque de civilizaciones» y miembro de la Comisión Trilateral), Thomas Foley (miembro del CFR, presidente de la Junta Directiva de la Comisión Trilateral), Otto Reich y Donald Rumsfeld. Hasta 2005, el antiguo director de la CIA, James Woolsey fue presidente de Freedom House.

En el 2005, Peter Ackerman, antiguo miembro de la Albert Einstein Institution (AEI), fundador del International Center on Non Violent Conflict (ICNC) reemplazó a Woolsey. En la actual Junta Directiva, se encuentra la esposa de John Negroponte, Diana Villiers.El primero de mayo del 2007, en colaboración con el Broadcasting Board of Governors, Freedom House organizó una conferencia sobre las amenazas a los medios de comunicación. La invitada principal fue Karen Hughes, entonces Subsecretaria de Estado por la Diplomacia Pública (la oficina de propaganda).

El Instituto George W. Bush y Freedom House  convocaron el 19 de abril de 2010 en Dallas, Texas, un encuentro de «activistas por la libertad y los derechos humanos» y «expertos en Internet» para analizar el «movimiento global de ciberdisidentes». Al mismo, asistieron Rodrigo Diamanti de la ignota organización Futuro Presente de Venezuela; Arash Kamangir de Irán; Oleg Kozlovsky de Rusia; Ernesto Hernández Busto de Cuba; Isaac Mao de China y Ahed Alhendi de Siria.

También estuvieron presentes miembros del gobierno estadounidense y otras organizaciones vinculadas con la comunidad de inteligencia de Washington, como Oscar Morales Guevara, fundador del movimiento «un millón de voces contra las FARC» y promotor de un movimiento contra el Presidente Chávez a través de Facebook ; junto a  Jennifer Windsor, directora ejecutiva de Freedom House.

Hoy Freedom House se publicita como una voz a favor de la democracia en el mundo, pero se financia con fondos públicos estadounidenses, de la USAID, la NED y la CIA,  de la Fundación Nacional Demócrata, y de la World Anticomunist League, el gobierno de Holanda, el Departamento de Estado y la Open Society Institute, entre otras organizaciones.

Martin Edwin «Mick» Andersen fue director para América Latina y el Caribe de los programas del National Democratic Institute for International Affairs (NDI), como miembro profesional del comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense y Asesor del Departamento de Planificación de Políticas del Departamento de Justicia. Entre las recomendaciones que formula Andersen en la página de FH pueden sorprender al desprevenido: son idénticas a las demandas de la oposición venezolana.

Coincidentemente, el reporte global anual sobre libertad de expresión difundido en mayo de 2013 por Freedom House, ubica a Venezuela como un país sin prensa libre. «Muchos países de la región ven a Venezuela como un modelo sobre el cambio de la dinámica social y es un modelo muy negativo», explicó Karin Karlekar, directora  para las Américas.  Agregó que el país «está exportando en la región su modelo en el que hay medios subsidiados por el gobierno, para un mayor control del contenido».

Tal como el año anterior, FH incluyó a Venezuela junto a Cuba, Honduras y México como los países sin prensa libre. Casualmente, como enviado de Newsweek, Anderson cubrió las operaciones de Sendero Luminoso en las selvas de Ayacucho, Perú, en 1981.

- Álvaro Verzi Rangel, sociólogo venezolano, investigador del Observatorio en Comunicación y Democracia  y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
http://www.alainet.org/es/articulo/185164