lunes, 15 de agosto de 2016

Ganará Lacalle ¿Y después?

5 de agosto de 2016
Compañer@s: Al escribir estas breves líneas (desde ya se agradece su amplia divulgación) me siento, infelizmente, como un astrónomo que, a la distancia e impotente, ve cómo un gran asteroide va a chocar contra un planeta. Las escribo con la intención de tratar de ayudar a buscar una alternativa para lograr lo mejor para la gran mayoría del pueblo uruguayo antes de que se venga el gran Golpe, y para tratar de estar con él en el momento histórico posterior al mismo, con la intención de superarlo, entre todos, en la construcción de un rumbo que apunte al socialismo ecomunitarista.

Lacalle ganará la próxima elección presidencial

La hipótesis osada y que manejamos aquí con bastante antecedencia, para que se pueda ACTUAR CON TIEMPO, es que Lacalle ganará la elección presidencial de 2019. Esa hipótesis se apoya en una flamante encuesta de Factum que muestra la mayor caída en la votación histórica del FA, ya que hoy “el Frente Amplio recogería un 30% de los votos, mientras que el Partido Nacional tendría un 25%, el Partido Colorado 8%, el Partido liderado por Edgardo Novick el 8%, el Partido Independiente 4%, Unidad Popular el 2%, el Partido Ecologista 1% y voto en blanco, anulado o ninguno más los indefinidos totalizarían el 22%”; así, de mantenerse, con o sin un Partido propio de Novick, las dos vueltas electorales en la elección presidencial (previstas por la actual Constitución, cuya eventual reforma en ese punto parece poco probable, dada la correlación de fuerzas imperante), la próxima elección será vencida por Lacallito, pues ya que los indefinidos suelen repartirse en la proporción marcada por los ya definidos, la suma de los votos del PN, PC, gran parte de los seguidores del opositor Novick y gran parte de los votantes del PI (opositor contumaz a los gobiernos del FA), será mayor que la votación obtenida por el FA (aumentada por las minorías de los seguidores de Novick y del PI, y por algunos votos provenientes de la UP y los Ecologistas). Por el lado de las supuestas fuerzas electorales situadas a la “izquierda” del FA, la UP lograría la “hazaña” de pasar de un Diputado a: dos!!! (que nada podrán hacer contra el malón lacallista), y los ecologistas, con mucha suerte, lograrían un Diputado (que será tan impotente como los de la UP). ¿Por qué perderá el FA? Por la sencilla razón de que a remolque de los límites capitalistas que caracterizan a su política, seguirá aplicando recortes antipopulares (en salarios, jubilaciones, educación, salud, vivienda...) y la mínima porción de electores que en épocas de bonanza le dieron en la pasada elección una apretada mayoría a Vázquez, esta vez embarcarán en los cantos de sirena de Lacallito. Alguien podrá objetar que aún faltan tres años para la elección, pero nada indica que en ese lapso los vientos de la economía internacional volverán a soplar tan fuerte en favor de Uruguay como lo hicieron en el primer gobierno de Vázquez y en el de Mujica, para revertir los recortes gubernamentales, los números de la encuesta citada y la tendencia del resultado electoral; al contrario, esos recortes y sus consecuencias tenderán a agudizarse por la previsible suba de los alicaídos precios del petróleo (materia prima estratégica que Uruguay debe importar en su totalidad), que pesará en las cuentas de un Gobierno limitado por anteojeras capitalistas que lo llevan a buscar “equilibrios macroeconómicos” castigando a los de abajo.

Y después...
Luego vendrá lo ya visto en Argentina (donde Macri se cansó de decir antes de ser electo que los argentinos no deberían temer perder nada, pues él lo “mantendría todo, y lo haría más y mejor”); con Macri, en la gran Buenos Aires la pobreza ha aumentado del 25 al 42 %, y los tarifazos de agua/luz/gas alcanzaron los 400% (mientras se paga religiosamente a los “fondos buitre”). Al mismo tiempo, en el orden internacional (siguiendo a Macri), Uruguay será furgón de cola de los EEUU, firmando cuántos TLC y Alianza del Pacífico haya o inventen (en el marco de una economía depredatoria), y se distanciará de Cuba, Bolivia, Ecuador (si aún gobiernan los correístas) y Venezuela (si entonces sigue gobernando el chavismo), y de los mecanismos de integración soberana de la Patria Grande (en especial del ALBA, y de aquellos en los que es miembro pleno: UNASUR y CELAC). Y se acabará la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de la dictadura.
La alternativa...
En esas circunstancias conviene resumir otra vez qué queremos, soñando con un camino orientado hacia el socialismo ecomunitarista, pavimentado por, entre otras, las siguientes medidas: 1) Reforma Agraria (sin indemnizar a las multinacionales y latifundistas “nacionales” expropiados en las extensiones que excedan las 2.500 hectáreas) para asentar con todo el apoyo necesario a voluntarios en grandes empresas estatales, o verdaderas cooperativas o empresas de índole familiar, para producir alimentos sanos (no transgénicos y sin agrotóxicos) para garantizar la soberanía alimentaria y la exportación-trueque de los mismos, 2) estatización, con control popular directo, de la Banca, del Comercio Exterior, y de los grandes medios de producción y distribución (incluyendo los grandes supermercados), 3) implantación de una educación ambiental ecomunitarista sistemática (que incluya la superación de todo machismo, violencia de género y homofobia, promoviendo una erótica de liberación), y con vinculación productiva, a todos los niveles de la enseñanza y de la sociedad, 4) uso predominante de buenos transportes públicos y de energías limpias y renovables (en especial eólica, solar, geotérmica y de las mareas), 5) implementación de un verdadero Sistema Único de Salud, gratuito y de calidad, para todos los uruguayos, 6) Reforma Urbana (con expropiación de los inmbuebles vacíos) y articulación de un ambicioso Plan Nacional de Viviendas que apunten en un plazo de 10 años a darle una casa/apartamento para vivir a cada familia uruguaya que no la/lo posea), 7) sustitución de las FFAA por Milicias Populares (que en el pequeño Uruguay son las únicas capaces de coordinar las guerrillas apropiadas para combatir una eventual invasión que ocupe rápidamente el país, al tiempo en que en épocas de paz prestan útiles servicios civiles), 8) verdad y justicia en relación a los crímenes de la dictadura, 9) distribución en tres tercios de los medios audiovisuales entre la red estatal, los medios comunitarios y los privados, 10) gran impulso de la ganadería, agricultura, silvicultura y turismo ecológicamente sotenibles, e implantación de una o dos nuevas políticas de largo plazo que le permitan al país agregar otra(s) fuente(s) significativas de divisas (como pueden serlo una posición de punta en la industria médico-farmacéutica para la salud humana y animal, y la producción de softwares), 11) creación de una democracia participativa y protagónica (siempre que posible ejercida de forma directa) desde lo local hasta lo nacional, 12) decidida contribución a la edificación de una Patria Grande soberana y fraterna (siguiendo los deseos de Artigas y Bolívar), y, 13) promoción de una vida feliz en el contexto de una frugalidad ecológica concientemente asumida.
Ahora bien, toda la experiencia histórica (no sólo uruguaya, sino mundial) muestra que no es un simple Programa (por más justo que pueda ser), ni tampoco la rutina electoral burguesa, ni las indispensables e infaltables luchas cotidianas dispersas (por mejor salario, contra despidos, contra la extranjerización de la tierra y la producción devastadora-contaminante, etc.) los que logran crear las fuerzas sociopolíticas capaces de hacer realidad esa plataforma programática. Hace falta romper la rutina de la democracia representativa que acepta los límites del capitalismo. Al final de los años 50 e inicio de los 60 Raúl Sendic Antonaccio lo comprendió perfecta/genialmente y quebró esa rutina mediante las luchas de UTAA y el MLN-T. (Sigo defendiendo la tesis de que la victoria presidencial de Mujica hubiera sido imposible sin su pasaje por la organización creada por Sendic, y la aureola que le trajo la prisión ulterior, en consecuencia de ese pasaje; después todos saben que Mujica aceptó los mismos límites capitalistas a los que se amoldó el FA, pero nunca Sendic).
Es por ello que me parece indispensable que, sin avanzar ni descartar nada en materia de organización y formas de lucha (a no ser el terrorismo, que siempre condenamos), las personas y organizaciones que comparten el Programa anteriormente expuesto, tengamos/tengan la misma osadía de Sendic, INVENTANDO COLECTIVAMENTE una alternativa que no nos condene a sufrir por largo tiempo el Golpe de Lacalle o la eventual vuelta al Gobierno del mismo FA prisionero del capitalismo (aunque es posible que la misma se haga difícil por una muy probable división formal del FA, tras la derrota, al tiempo que no es imposible que algunos de los sectores del actual FA se plieguen activa y/o pasivamente al gobierno neoliberal/pro-yanqui blanquicolorado de Lacalle). En esa búsqueda, y siguiendo la conducta de Sendic en relación a otras fuerzas del campo popular, creo que no hay que entrar en una guerra de palabras con el FA, en la medida en que, como dicen los jóvenes “su hora ya fue”; basta explicar machaconamente los límites capitalistas que ha aceptado y advertir al pueblo en general (incluyendo el frenteamplista) que se avecina el Golpe lacallista, convocándolo desde ya para la lucha (que tendrá las formas que se INVENTE) por el Programa socialista/ecomunitarista y contra el malón neoliberal que se vendrá tras la próxima elección presidencial. Aguardaré vuestras ideas-acciones, poniéndome a disposición (a pesar de la distancia, que por suerte no es mucha) del esfuerzo colectivo.



Tierra Libre 14 agosto 2016












sábado, 6 de agosto de 2016

Tres intendentes y un senador figuran entre los colonos que pagan una “renta diferencial” por explotar tierras del Estado



Una veintena de colonos, entre los cuales figuran tres intendentes y un senador, que explotan fracciones del Instituto Nacional de Colonización (INC), pagan “rentas diferenciales” que suponen un valor 70% superior a la renta que pagan el resto de los productores que acceden a tierras del Estado.
Dependiendo de cada caso y de las características de los campos en cuanto a la extensión en hectáreas y la tipificación de las fracciones, entre otros aspectos, los montos anuales que deben abonar esos colonos varían entre $ 53.975 y $ 1,5 millones, según datos de ese ente estatal solicitados por Campo al amparo de la ley 18.381 de acceso a la información pública.
La respuesta de Colonización a ese pedido abarca las rentas diferenciales fijadas desde mayo de 2011, los números de los inmuebles y las fracciones, las colonias que integran, las superficies en hectáreas y las rentas anuales, pero no incluye datos personales de los colonos. Basándose en la ley 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas data, el INC entendió que “no es posible difundir información personal de terceros”.
Sin embargo, en las resoluciones del Directorio del INC divulgadas en su portal digital oficial es posible acceder a los nombres y apellidos de los colonos que pagan rentas diferenciales en más y cotejarlos con los entregados en respuesta al pedido de acceso a información pública.
En cuanto a los argumentos del INC para cobrar rentas diferenciales a algunos colonos, se encuentra el hecho de no residir en el predio, tener una “alta inversión” en mejoras fijas y/o productivas permanentes, ser propietario de tierras que no estén afectadas a la ley 11.029, que creó ese ente estatal y que aplicó el anterior Directorio de Colonización; el actual Directorio estableció otros criterios para cobrar rentas diferenciales.
“A aquellos colonos arrendatarios electos por la ciudadanía para ocupar cargos remunerados de senador de la República, representante nacional e intendente departamental que deseen continuar su vínculo de arrendamiento de fracciones afectadas a los fines de interés colectivo de la colonización, se les aplicará una renta diferencial mientras estén ejerciendo dichos cargos, a partir del ejercicio de renta posterior a la fecha en que asuman sus funciones (1º de mayo al 30 de abril de cada año)”, dice una resolución del INC del 25 de noviembre de 2015.
El INC determinó que, en esos casos, “la renta de la fracción será ajustada mediante la multiplicación por un coeficiente de 1,7”.
La resolución fue aprobada por los cinco integrantes del Directorio, entre ellos el representante de la oposición, que es Rodrigo Herrero, del Partido Nacional.
Entre los colonos que pagan rentas diferenciales en la actualidad figuran los intendentes blancos Pablo Caram (Artigas), que explota 707 hectáreas en ese departamento; Enrique Antía (Maldonado) por un predio de casi 50 hectáreas, y Fernando Echeverría (Flores), por una fracción de 90 hectáreas. También paga una renta diferencial el senador nacionalista Álvaro Delgado, que explota un inmueble de 339 hectáreas en la colonia Horacio Ros de Oger, en Paysandú, de acuerdo con los registros del INC.
Según los datos oficiales, estos “colonos políticos” deben pagar una renta anual de $ 416.062 (Caram), $ 78.001 (Antía), $ 126.059 (Echeverría) y $ 369.930 (Delgado). Esos valores corresponden al último vencimiento del 30 de abril pasado.
Uno de los colonos que pagan una renta diferencial, que pidió la reserva de su nombre, dijo a Campo que en la práctica eso implica “un incremento de 70% en las rentas, que pasan a tener un valor similar a lo que es una renta comercial”. Reconoció la potestad de Colonización para establecer ese criterio y estuvo de acuerdo con que si un colono es electo a un cargo por la ciudadanía debe cumplir con esa obligación, así como también ajustarse a los requisitos como colono.
“Es necesario hacer un equilibrio entre ambas actividades”, señaló.
Durante una comparecencia ante la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores en junio, la presidenta del INC, Jacque­line Gómez, justificó la aplicación de rentas diferenciales a colonos con “determinadas características”, que no tienen “del todo un perfil colono” pero accedieron a tierras del Estado, tienen “alta inversión por hectárea, poseen tierras afuera de Colonización —aparte de las que tienen arrendadas a este—, no residen en el predio o tienen ingresos por fuera” (Campo, Nº 69).
Gómez dijo que este año el Directorio del INC definió el cobro de una “renta diferencial a quienes ocupen cargos de elección, como senadores, diputados e intendentes”.
“Si un colono accede a un cargo electivo, automáticamente se le aplica una renta diferencial hasta que deja el cargo”, informó.
El máximo monto de renta diferencial vigente en Colonización es de $ 1,5 millones que debe pagar un colono por un campo de 279 hectáreas de tipificación lechera, ubicado en la colonia Omar Aguirre, en el departamento de San José, según datos oficiales.
El anterior Directorio del INC había resuelto en mayo de 2010 la aplicación de rentas diferenciales a productores colonos que no residan en el predio, que cuenten con una alta inversión en mejoras fijas y/o productivas permanentes, que posean en propiedad tierras no afectadas a la ley 11.029, que en sí mismas constituyan una unidad productiva de acuerdo con el tipo de suelo, ubicación y condiciones, y que a su vez arrienden fracciones del INC.
Ese Directorio definió también el cobro de rentas diferenciales a los colonos que posean en propiedad campos de cualquier tamaño afectados o no a la ley 11.029, arrendados a terceros, los cuales, a su vez, posean fracciones de Colonización en arrendamiento para su trabajo directo.
Complementariamente, el Directorio fijó un procedimiento para la aplicación de las rentas diferenciales que comprende un informe técnico sobre las circunstancias que ameriten ese tratamiento.
Las obligaciones que establece la ley 11.029 para los colonos determinan, entre otras cosas, trabajar directamente el predio y habitarlo con la familia, salvo, en este último caso, que la colonia esté organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados, y hacer efectivos los pagos (de las rentas) dentro de los plazos fijados. Otros requisitos son asegurar sus cultivos y explotaciones, para lo cual el Instituto establece convenios con el Banco de Seguros del Estado, además de aceptar y cumplir las normas de cuidado del suelo, erradicación de malezas y destrucción de todo agente nocivo para la producción.
Las condiciones básicas para los aspirantes a colono son tener 18 años cumplidos, poseer conocimientos y aptitudes suficientes para el género de explotación al que se va a dedicar, así como tener condiciones personales y hábitos de vida que Colonización considere satisfactorios.

Suspensión transitoria

En mayo de este año, el Directorio del INC resolvió “suspender en forma transitoria” la aplicación de la renta diferencial en el caso de dos colonos, uno en Flores y otro en San José, que son remitentes de leche a la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole).
Y dispuso que hagan efectivo el pago de las deudas resultantes por ese concepto en un plazo de 36 meses, lo que estará “condicionado a la suscripción de una orden de retención irrevocable ante Conaprole por el valor de la renta lechera más la cuota parte de la deuda refinanciada”, según consta en una resolución del 18 de mayo.
Uno de ellos está en la colonia Tiburcio Cachón, en Flores, con una fracción de 199 hectáreas y una renta diferencial anual de $ 911.427, según datos del INC. El otro caso es de la colonia Campbell McMeekan, en San José, con 162 hectáreas, y una cuota anual de $ 797.651. Esos montos figuran entre los más altos correspondientes a rentas diferenciales establecidas por Colonización.
Además, luego de una inspección técnica realizada por la oficina regional del INC a otro colono de San José, el Directorio resolvió aplicarle una renta diferencial. Para eso consideró que “el perfil del colono es de carácter empresarial, es socio de un haras, dedicándose a la cría y venta de potrillos de carrera en una superficie de 604 hectáreas que arrienda en forma conjunta con una familia argentina”. De esa superficie utiliza el 35% para recría de ganado para el tambo y esta actividad representa una parte importante de sus ingresos, según consta en una resolución de 2010. Es el caso de un integrante de la colonia Omar Aguirre, con una fracción de 375 hectáreas. El INC inició medidas judiciales en ese caso.