Reciben un cedulón tras otro conminándoles a devolver campos

Reciben un cedulón tras otro conminándoles a devolver campos

Familias de colonos denuncian que son empujadas a dejar sus tierras

Colonos de San Javier, Luis Alberto de Herrera y Ofir denuncian a la regional Paysandú por informes distorsionados, completamente desfavorables, que los están empujando a abandonar los campos que les adjudicaron hace más de 60 años.

Productores de tres colonias: San Javier, Luis Alberto de Herrera y Ofir, podrían ir a la Justicia.

 

RÍO NEGRO | DANIEL ROJAS16 mar 2014

Las familias asentadas en campos de Río Negro dicen sentirse perseguidas a tal punto que algunos se han enfermado por la presión psicológica que supone recibir un cedulón tras otro, conminándoles a dejar las tierras. Incluso, la esposa de un colono intentó quitarse la vida después de recibir la notificación judicial.

Sostienen que les están buscando "la quinta pata al gato" y que, para ello, han recurrido a "falsear" los informes elevados a Montevideo, dando cuenta de casas vacías y campos descuidados. No descartan presentar una denuncia penal.

Algunos arrendatarios indicaron que los relevamientos son diametralmente opuestos cuando los técnicos son enviados desde Montevideo y aclararon que la decisión de desalojarlos no pasa necesariamente por deudas en la renta.

Hasta la puerta.

La familia de Álvaro Lorduguín ocupa desde 1954 la fracción 122 de Colonia Herrera. Su hermano Juan denunció serias irregularidades "en algunos informes que no concuerdan con la realidad de varias fracciones. También nos sentimos presionados por los reiterados cedulones que nos mandan. Incluso ha llegado el juez hasta la puerta de las casas", expresó el productor.

Juan indicó que a pesar de la adversidad planteada existe voluntad "de solucionar los problemas, en un grupo donde algunos tienen deudas pero también existen casos de colonos que no deben nada e igualmente están en la misma situación".

Su hermano José contó que hace algunos años sufrieron cuantiosas pérdidas por la muerte de las vacas de ordeñe como consecuencia del llamado "hongo de la pradera".

El tambo se vio reducido a unos pocos animales que se vieron en la necesidad de vender. Eso generó deudas, pero a principios de este año, pagaron US$ 10.000 sobre un total de US$ 35.000 y se comprometieron a saldar el resto antes de fin de año. Aun así, el Instituto de Colonización los quiere fuera.

"Hicimos una propuesta de pago, se pagó una importante suma y a los tres días el informe fue muy malo, recomendando que no se dé andamiento a la propuesta de pago", informó a El País, Juan Lorduguín.

De bebé.

Otro caso es el de la familia Pons Kasmenko. Francisco llegó allí con 8 meses y hoy tiene 78 años. El instituto le pide que entregue el campo.

"Con Colonización no tenemos deudas, nos encontramos al día. Vivimos con nuestros hijos y trabajamos la fracción como nos pide el Instituto. El tema es que hace un tiempo recibimos una notificación por una inspección ocular de un ingeniero que falta a la verdad y nos quieren obligar a cosas que no están dentro del reglamento", indicó Raquel Kasmenko a El País.

Dijo que el mismo técnico redactó en el informe que su esposo padece una enfermedad. "Nosotros pedimos que certifique eso porque no es verdad", indicó.

Leonel Vidart, otro de los colonos, dijo que recibió tantas presiones que entregó uno de los dos campos que tenía para lechería. Al poco tiempo se enteró que fue destinado a la siembra de soja.

Admitió que en su tierra también tiene una plantación de soja, 15 hectáreas para verdeo de invierno, además de vacunos, lanares y yeguarizos.

"Vivo ahí y vivo de eso. Como seguían insistiendo opté por entregarle uno de los dos campos. Tenía un atraso que saldé hace 7 meses pagando todo al contado y ahora me siguen pidiendo el campo que me queda", dijo indignado el productor.

Grave.

Diego Henderson, presidente de la Mesa Nacional de Colonos, dijo que éste es el resultado de un largo proceso de delegaciones regionales "que marchan muy mal", como la de Paysandú, a cargo de Ana Fernández, "que ya tiene antecedentes de mala gestión en Artigas donde tiempo atrás ocurrió una situación similar".

Henderson denunció que en un caso "tildan de loco a un colono sin ninguna constancia, cuando para hacer lo mismo con un funcionario público hay que hacer, por lo menos, una pericia psiquiátrica".

"Desde que asumí como presidente de la Mesa, vengo sosteniendo que el lápiz de un técnico es más peligroso que una ametralladora. Es muy perverso", añadió.

Cuando se le preguntó cuáles son las razones por las que se intenta despojarlos de la tierra, Henderson respondió que él se formula la misma pregunta. "Así como a lo largo y ancho del país hay colonos para defender y otros que no, hay funcionarios públicos que rayan con la delincuencia", expresó.